El año 2026 marcará un punto de inflexión para las áreas legales, de cumplimiento y recursos humanos en Chile. La combinación de nuevas normas, mayores niveles de control y un aumento sostenido de la judicialización está elevando la presión operativa sobre empresas y estudios jurídicos, que deben responder con mayor rapidez, trazabilidad y gestión de riesgos.
Uno de los hitos más relevantes es la entrada en vigencia gradual de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que eleva los estándares en el tratamiento de información sensible y obliga a las organizaciones a documentar flujos internos, resguardar accesos, mantener trazabilidad y responder oportunamente ante eventuales requerimientos de la autoridad.
Para muchas empresas, esto implica dejar atrás procesos manuales y avanzar hacia sistemas que permitan centralizar información y automatizar reportes.
“Las áreas legales están dejando de ser reactivas para convertirse en unidades estratégicas. Hoy no basta con responder a un problema cuando estalla; es clave anticiparse, tener visibilidad de los riesgos y contar con información confiable para la toma de decisiones. La tecnología permite justamente eso: pasar del desorden y la urgencia a una gestión preventiva y trazable”, señala Lautaro Rodríguez, CEO de LemonTech.
A este escenario se suma la implementación de la Ley Karin, que ha cambiado profundamente la forma en que las empresas deben abordar denuncias por acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Más allá de contar con protocolos, hoy se exige evidencia concreta de gestión: plazos, registros, seguimiento de casos y respaldo de cada acción realizada. Este nuevo marco ha incrementado la judicialización laboral y la carga administrativa para áreas legales y de recursos humanos.
TECNOLOGÍA: UN ROL CLAVE EN EL SECTOR JUDICIAL
En paralelo, las compañías enfrentan un contexto de mayor control por parte de organismos como la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, junto con una creciente exigencia por cumplir estándares ESG, especialmente en sus dimensiones social y de gobernanza. La gestión de conflictos laborales, causas judiciales y obligaciones regulatorias se ha vuelto un factor clave no solo para evitar sanciones, sino también para resguardar la reputación corporativa y la sostenibilidad del negocio.
Frente a este panorama, la tecnología legal está jugando un rol cada vez más estratégico. Plataformas de gestión de causas, automatización de tareas repetitivas, seguimiento de plazos, analítica legal y herramientas de inteligencia artificial permiten a empresas y estudios jurídicos ordenar grandes volúmenes de información, anticipar riesgos y responder de forma oportuna a un entorno regulatorio más exigente.
Desde LemonTech explican que cada vez más organizaciones están incorporando soluciones que les permiten centralizar la gestión judicial, automatizar flujos operativos y utilizar inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo, vencimientos críticos y contingencias legales antes de que escalen. Una tendencia que, aseguran, se profundizará durante el año a medida que aumenten las exigencias regulatorias y la presión sobre las áreas legales.
“Este 2026 marcará una diferencia clara entre las empresas que se anticipan y las que reaccionan. Prepararse no es solo entender las nuevas leyes, sino contar con herramientas que permitan gestionar información, procesos y riesgo legal de forma eficiente”, concluye Rodríguez.
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