La Comunidad Atacameña de Socaire sostuvo hoy una serie de reuniones con autoridades y equipos técnicos de los ministerios de Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y CORFO, con el propósito de explorar caminos de solución para el resguardo de territorios ancestrales en salares, zonas de pastoreo, áreas agrícolas y turísticas, entre ellos Aguas Calientes 3, lo que está siendo discutido en la consulta indígena para la Red de Salares Protegidos (RSP).
Aunque la comunidad ha expresado en reiteradas ocasiones que los polígonos propuestos por el Gobierno no consideran plenamente variables técnicas, jurídicas ni ancestrales, valoró que el Ministerio de Bienes Nacionales —si bien no forma parte del proceso formal de consulta— anunciara que presentará, en un breve plazo, la primera propuesta concreta para avanzar.
El presidente de la comunidad, Rodrigo Varas Cruz, explicó: “Mañana el Ministerio del Medio Ambiente pretende realizar en San Pedro de Atacama la primera reunión formal de la etapa de diálogo del proceso de consulta indígena de la Red de Salares Protegidos. Sin embargo, esa instancia aún no cumple con las garantías mínimas necesarias para un diálogo legítimo. Hoy las autoridades mostraron disposición real a trabajar, aunque sea desde fuera del proceso”.
Tras las reuniones, la comunidad acordó avanzar en dos líneas concretas: Entregar su informe de deliberación, como gesto de buena fe y como insumo inicial para un eventual diálogo futuro; y solicitar formalmente que Bienes Nacionales se incorpore al proceso de consulta, dada su competencia directa en materias territoriales.
Socaire recordó que aún existen aspectos fundamentales pendientes para el desarrollo de una Red de Salares Protegidos sólida y jurídicamente válida, entre ellos: La creación del área sin contar con un anteproyecto del reglamento SBAP; procesos de deliberación en curso en distintas regiones; la falta de información clave, como los anexos completos de los Informes Técnicos Justificatorios elaborados por la Universidad de Antofagasta, necesarios para evaluar las medidas en consulta.
Estas omisiones, señaló la comunidad, vulneran estándares básicos del Convenio 169, especialmente lo dispuesto en el artículo 6.1(a) y (b) y el DS 66.
Varas subrayó que la preocupación de Socaire trasciende a un gobierno en particular: “Lo que pedimos no es político ni circunstancial. Se trata de que el Estado garantice procesos formales, informados y consistentes. Nuestra comunidad ya advirtió en 2023 las deficiencias que afectaron la consulta del contrato SQM–Codelco, lo que obligó a realizar ajustes importantes. Hoy pedimos lo mismo: que el proceso se haga bien desde el inicio”.
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