El 9 de junio de 2026, el Gobierno de Chile (A2 estable) publicó su estrategia fiscal de mediano plazo para el período 2026-2030, que incluye objetivos fiscales anuales, tal como está obligado a hacerlo en un plazo de 90 días desde la toma de posesión.
El objetivo es reducir el déficit presupuestario estructural frente al 3.7% del producto interno bruto (PIB) del año pasado al 2.6% del PIB este año y al 1.8% en 2027. Para 2030, se prevé que el déficit fiscal estructural disminuya al 1.5% del PIB.
Si bien el objetivo del balance estructural para 2030 es menos exigente que la meta de presupuesto equilibrado presentada durante la campaña electoral, implica un esfuerzo de consolidación fiscal similar, lo que refleja una posición de partida en 2025 sustancialmente más débil de lo previsto.
El objetivo para 2030 es significativamente más débil que la trayectoria recomendada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) del país, que propone alcanzar un superávit fiscal del 1% del PIB para 2029-2030, con el fin de permitir también la recomposición de los anteriormente elevados colchones fiscales de Chile.
La regla fiscal de Chile se define en términos estructurales, calculando los ingresos como si la economía se encontrara en situación de pleno empleo y los precios del cobre se situaran en niveles a largo plazo.
En la actualidad, con los precios del cobre en niveles históricamente altos, el déficit presupuestario efectivo tiende a ser menor que el balance estructural, el cual se prevé que alcance el 2.4% del PIB en 2026, frente al 2.8% en 2025.
Asimismo, el Gobierno reafirmó el límite prudencial de deuda en 45% del PIB, el segundo elemento del
marco fiscal de Chile.
El cumplimiento de los objetivos fiscales y de deuda será fundamental, tras varios años de desviaciones —en ocasiones considerables— que han comenzado a mermar la credibilidad del marco fiscal de Chile.
Si bien los gobiernos chilenos establecen objetivos fiscales claros para todo el período legislativo y el CFA es muy activo y se pronuncia abiertamente cuando existe el riesgo de desviación, la presión para que un gobierno adopte medidas que garanticen el cumplimiento de los límites fiscales autoimpuestos es limitada.
La desviación fiscal del año pasado fue particularmente pronunciada, ya que el déficit finalmente superó en más de dos puntos porcentuales (pp) del PIB el objetivo revisado al alza por el Gobierno.
La desviación se debió principalmente a una sobreestimación de los ingresos, en particular los derivados de una nueva ley contra la evasión fiscal, pero también a un gasto superior al previsto.
Junto con analizar los principales movimientos económicos y legislativos del gobierno de J.A. Kast, el reporte de Moody’s, originalmente publicado en inglés el pasado 26 de junio, estima que el Gobierno adopte medidas en caso de que exista el riesgo de superar el límite.
«En nuestro escenario base prevemos una estabilización del ratio de deuda cerca de los niveles actuales. No obstante, la trayectoria de la deuda de Chile es sensible a shocks económicos y fiscales, de modo que un crecimiento inferior al previsto o nuevas desviaciones respecto de los objetivos fiscales podrían elevar el ratio de deuda pública por encima del límite prudencial», explica el reporte difundido hoy en castellano.
Asimismo, propone que aunque el ratio de deuda es relativamente bajo en comparación con el de muchos soberanos con calificaciones similares, dos características estructurales implican que la carga de la deuda del país debería ser inferior a la de sus pares para preservar su perfil crediticio: «En primer lugar, los menores niveles de riqueza de Chile —medidos por el PIB per cápita— se traducen en una base tributaria más reducida y una menor capacidad de absorción de shocks. En segundo lugar, la economía sigue estando fuertemente concentrada en un número limitado de commodities, especialmente el cobre, cuyos precios se determinan a nivel global y fuera del control de las autoridades», dice el reporte.
Esta concentración hace que tanto el PIB como los ingresos fiscales sean más volátiles que en economías
más diversificadas de sus pares.
En conjunto, mantener una baja carga de deuda pública —y reconstruir los colchones fiscales que,
históricamente, distinguieron el perfil crediticio de Chile— «es más importante para preservar la calidad crediticia soberana de lo que podría sugerir una comparación general de la deuda con la de otros países con calificaciones similares», concluye el análisis de la calificadora.
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