Preocupación genera en un sector de la pequeña minería chilena la entrada en vigencia de la Ley 21.420, reforma promulgada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera que reduce y/o elimina las exenciones tributarias para financiar políticas públicas permanentes como la Pensión Garantizada Universal (PGU), a través del establecimiento de nuevos y el aumento de tributos.
¿La razón? La reforma, que entró en vigor recientemente en marzo -originalmente era el 4 de febrero del 2023 pero se pospuso su implementación por inconsistencias-, introdujo modificaciones al Código de Minería, -entre otros cuerpos legales- sobre Concesiones Mineras, Concesión de Exploración y Patentes de Amparo de Concesiones Mineras, lo que implicaría que la renovación de la patente sea mucho más alta para los pirquineros.
Aproximadamente el precio de la renovación se elevaría en más de un 400%; un valor regresivo toda vez que, similar a lo que ocurrió con la energía eléctrica durante la pandemia, se mantuvo el precio comercial de las patentes durante esos años, no sufriendo alzas hasta este 2025.
“La pequeña minería y minería artesanal es muy relevante en el desarrollo de las economías locales, especialmente en la zona norte chicos. Por esa razón debemos asegurar una estabilidad en la producción, evitando alzas tarifarias que repercutirá, además, fuertemente en el bolsillo familiar”, señaló la diputada.
Como una forma de mitigar este exponencial aumento, el gobierno habilitó una plataforma digital de postulación para que los pequeños productores mineros que concentran más de 500 hectáreas de pertenencias (explotación) mineras pudieran acceder a una rebaja del valor de la patente desde 1/ 10 UTM por hectárea, debiendo cumplir una serie de requisitos establecidosen el Código de Minería y su Reglamento.
Cerca de 10 mil serían los beneficiados, a nivel nacional.
Sin embargo, el plazo concluyó el pasado 31 de enero y trabajadores de la región no pudieron, por diversas razones, acceder a esta alternativa. Principalmente -acusan- poca difusión sobre los alcances de esta ayuda y de la reforma en general, pero el gobierno actual se defiende señalando que se informó debidamente.
Debido a esto, la diputada de Coquimbo, Nathalie Castillo, solicitó al gobierno y al Ministerio de Minería una prórroga.
Además, ofició al SERNAGEOMIN y a la Tesorería General de la República -organismo que recabó toda la información de los postulantes- para que informen si existió suficiente difusión de la reforma al Código de Minería y se especifique el número de beneficiarios y beneficiarias a la rebaja de la patente.
“Creemos importante que se entreguen nuevos plazos de postulación, que el gobierno empatice con la genuina preocupación de los pirquineros y pirquineras de la región de Coquimbo, que es una fuente productiva importante”, concluyó la parlamentaria.
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