En medio de una agenda pública marcada por la seguridad, con cifras crecientes de delitos violentos y un debate permanente sobre el fortalecimiento de las instituciones, el 28 de noviembre marcará un hito silencioso pero trascendental: la entrada en vigencia del nuevo marco normativo de la Ley de Seguridad Privada.
No es un cambio menor. Esta legislación redefine qué organizaciones deben adoptar protocolos y estándares específicos para proteger a personas y bienes. Y lo hace con un criterio radicalmente distinto: deja atrás el antiguo parámetro del monto diario de efectivo, para centrarse en un elemento cualitativo mucho más amplio: el nivel de riesgo que genera la operación para la seguridad pública.
Esto significa que centros comerciales, supermercados, farmacias, bancos, centros de distribución, estaciones de servicio y un largo etcétera, deberán revisar a fondo sus planes de seguridad. Quienes no lo hagan a tiempo se exponen a multas que pueden alcanzar las 13.500 UTM, clausuras temporales e incluso el cierre definitivo de sus operaciones.
La falsa sensación de tiempo
Hoy muchas empresas creen que “aún hay margen” para adaptarse. Es un error. La notificación oficial como entidad obligada activará un procedimiento con plazos muy breves para cumplir, y eso puede exigir inversiones no previstas o subestimadas en los presupuestos de este año. No se trata sólo de adecuar protocolos: en algunos casos será necesaria una reorganización completa de recursos humanos, capacitación y tecnología.
Uno de los cambios más comentados ha sido la exigencia de cámaras corporales para guardias en establecimientos de alto riesgo. Pero la verdadera transformación va mucho más allá: esta ley impulsa un cambio cultural, de un modelo reactivo a uno preventivo, basado en análisis de riesgo y en la anticipación de incidentes antes de que ocurran.
El desafío del Estado… y de las empresas
Existe una duda razonable en el sector: ¿podrá el Estado fiscalizar de forma eficaz desde el primer día? La magnitud de los cambios y el número de empresas afectadas hacen pensar que la capacidad de supervisión inicial será limitada. Sin embargo, ese no puede ser un argumento para retrasar la adaptación. Las autoridades también están incorporando tecnología para escalar su capacidad de fiscalización, y la experiencia indica que la brecha de control se acorta más rápido de lo que las empresas anticipan.
Una responsabilidad compartida
En un país donde la seguridad es prioridad ciudadana y política, la implementación de esta ley no puede verse como un trámite administrativo más. Las organizaciones que aún no han comenzado su proceso de adaptación deben entender que no solo protegen sus activos, sino que contribuyen a un ecosistema más seguro para trabajadores, clientes y comunidades.
La cuenta regresiva ya comenzó. El peor escenario sería esperar a noviembre para improvisar. La seguridad privada no es un gasto; es una inversión estratégica que, a partir de este año, será también una exigencia legal con consecuencias claras para quienes no estén preparados.
Por Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile
Sobre el Autor(a)
