Esto de demandar ante una instancia supranacional los problemas de los Estados con las empresas – y viceversa- no sale gratis, según un reporte publicado hoy por Moody’s.
Desde el caso de Minera First Quantum contra el gobierno de Panamá, hasta el reciente problema de AXA, la aseguradora de origen francés, que presentó ante el Banco Mundial una demanda de arbitraje internacional contra México por el “tratamiento fiscal” que recibe la compañía en dicho país, Moody’s indica que el número de estos litigios entre inversionistas y naciones soberanas está aumentando, con un total de al menos 50 casos anuales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) —una unidad especial del Banco Mundial— en siete de los últimos 10 años, frente a un promedio de 33 en la década anterior.
En el informe, publicado hoy, Moody’s Ratings señala que esta tendencia es especialmente notable en México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ya que los soberanos de estas regiones lideraron el recuento global de casos en 2024.
«Estas acciones se han convertido en una fuente de estrés en el perfil crediticio de los soberanos, que perdieron más de la mitad de los casos resueltos el año pasado», indica la entidad.
Ahondando, resulta que los soberanos más pequeños que se ven envueltos en disputas corren mayor riesgo de sufrir interrupciones en el mercado.
«Las principales economías, como Perú y México, han gestionado sus casos ante el CIADI sin grandes repercusiones en el mercado gracias a un financiamiento estable. [Pero] los soberanos más pequeños, como Honduras (B1 estable) y Guatemala (Ba1 estable), han sufrido mayores costos de endeudamiento por importantes demandas», dice Moody’s Ratings.
Así, la principal idea fuerza del reporte es que las batallas legales en Latinoamérica crecen como amenaza para la posición fiscal. Las crisis económicas, nacionalizaciones y sentencias judiciales de los soberanos suelen desencadenar disputas entre inversionistas y Estados.
Estos casos pueden presentar un riesgo fiscal significativo para los soberanos, ya que las demandas de compensación gubernamental representan cerca del 9% del producto interno bruto (PIB) en promedio. Estos casos de arbitraje podrían tener implicaciones fiscales, ya que las grandes sumas concedidas a los inversionistas a causa de sentencias negativas podrían incrementar los costos, reducir el espacio fiscal, aumentar la carga de la deuda y, potencialmente, debilitar la fortaleza fiscal de los soberanos afectados.
Otro de los puntos destacados es que los sectores clave son propensos a disputas entre inversionistas y Estados.
Aquí la entidad calificadora destaca que los principales sectores económicos de la región son los más afectados por los litigios resueltos por el CIADI: las empresas de petróleo, gas y minería por sí solas representan el 26% de los casos totales registrados. Las economías más grandes, como Argentina (Caa3 positiva), Venezuela (C estable) y México, son las que tienen el mayor número de casos, aunque un volumen elevado de casos no indica necesariamente un débil entorno de inversión, como es el caso de Perú (Baa1 estable).
Además, algunos soberanos han rechazado los arbitrajes oficiales, lo que indica una fortaleza institucional más débil. Los inversionistas pueden mostrarse escépticos ante el clima empresarial de los soberanos que con frecuencia pierden las disputas arbitrales.
El incumplimiento de las decisiones del CIADI también socava la confianza de los inversionistas, limita el crecimiento y puede tener implicaciones crediticias negativas en los sectores asociados. Algunos países se han retirado del CIADI debido a la imposición de sanciones elevadas, lo que repercute negativamente en la calidad institucional y la eficacia de las políticas, como lo señala nuestra evaluación de las puntuaciones de fortaleza institucional y de gobierno.
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