Para el Segundo Tribunal Ambiental el año 2024 se presentó como un periodo marcado por los desafíos y cambios, tanto en materia jurisdiccional como administrativa. Estas transformaciones le permitieron registrar un récord histórico en la dictación de sentencias y una importante disminución en los tiempos de tramitación de las causas.
En su alocución de entrega de la Cuenta Pública 2024, la ministra presidenta de esta judicatura especializada, Marcela Godoy Flores, reiteró su compromiso, y el de toda la institución, con una justicia ambiental pronta y oportuna. Desafío que, según explicó, les ha llevado a implementar una serie de mejoras destinadas, especialmente, a concretar la disminución de los plazos de tramitación.
“Se avanzó en la definición de una metodología para medir los tiempos de tramitación y evaluación de la complejidad de las causas, lo que ha permitido optimizar los procesos asociados a la duración de los juicios, especialmente a propósito de los plazos de redacción de sentencias, que disminuyeron en un promedio de 27 días, pasando de una duración de 159 días en el año 2023 a 132 días el año 2024”, enfatizó.
La ministra Godoy destacó entre las acciones específicas para alcanzar este objetivo, el robustecimiento del equipo jurisdiccional, ahora conformado por 5 relatores y relatoras y 5 asesores y asesoras en ciencias. Este año, dijo, esperamos seguir avanzando en esta línea.
“En cuanto a la resolución de los asuntos sometidos a conocimiento de este tribunal especial, durante el año 2024 se concluyeron 63 causas. De ellas, 45 fueron resueltas a través de sentencia; 3 de ellas mediante conciliación o avenimiento; y, 15 finalizaron por otras vías. Destaco que nuevamente este año hemos incrementado el número de sentencias dictadas tanto en reclamaciones de ilegalidad de actos de la Administración como en demandas por reparación de daño ambiental, superando los años 2022, en que dictamos 31 fallos, y 2023, que registró 34 sentencias”, detalló.
ESCAZÚ EN LA MIRA
La ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental también destacó dentro de las acciones desarrolladas el año pasado, la participación de esta judicatura especializada en el Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú, “comprometiendo diversas acciones para contribuir a la entrega de una mejor información ambiental y un expedito acceso a sus procedimientos; sosteniendo un fructífero diálogo con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo; y, formulando recientemente observaciones a la Propuesta de Reglas para la Conformación y Funcionamiento de la Gobernanza de Escazú en Chile. Sin duda, la experiencia y el conocimiento especializado de nuestro Tribunal resultan fundamentales para aportar en la implementación de tan importante acuerdo internacional”.
Finalmente, Godoy se refirió a los desafíos para 2025 de la institución destacando aquellos “orientados a fortalecer nuestra gestión y seguir cumpliendo nuestro rol dentro de la justicia ambiental. Para ello, avanzaremos en iniciativas estratégicas que refuercen nuestra eficiencia y transparencia. Un eje central será la ejecución del Plan Táctico de Comunicaciones, destinado a fortalecer la difusión de nuestra labor y nuestra vinculación con la ciudadanía. En paralelo, optimizaremos el sistema de gestión de causas, agilizando su tramitación y mejorando la trazabilidad de la información, en línea con nuestro compromiso con la eficiencia institucional”, explicó.
Gestión institucional
En tanto, el secretario abogado del Tribunal, Leonel Salinas Muñoz, se refirió a aquellos temas vinculados al proceso de planificación estratégica institucional, destacando la revisión y actualización de esta, con miras a enfrentar los desafíos del próximo quinquenio, y la redefinición de la misión, visión y valores institucionales, asegurando su coherencia con el contexto actual y los desafíos futuros.
“Este esfuerzo responde a nuestra convicción de que una gestión eficiente, de excelencia y comprometida es fundamental para garantizar un adecuado acceso a la justicia ambiental”, expresó.
Salinas destacó que, durante el 2024, el Tribunal alcanzó una ejecución presupuestaria del 98,71%, asegurando un uso eficiente de los recursos asignados. Parte de los cuales se destinaron a seguridad de la información y modernización tecnológica, con mejoras en el sistema de gestión de causas, plataformas colaborativas y resguardo de datos.
“Tal y como se anunció en la cuenta pasada, en este período logramos concretar el plan de llevar una tramitación cien por ciento electrónica de nuestros expedientes, con lo que materializamos el estándar de “0 papel” según nos habíamos comprometido, con el significativo ahorro en recursos que ello implica y pasando a una gestión sustentable de nuestra labor”, destacó.
Tras la Cuenta Pública, el Tribunal desarrolló el conversatorio “La resolución colaborativa de controversias socioambientales a partir de la experiencia del Segundo Tribunal Ambiental”, que contó con la participación de Raúl Letelier Wartenberg, presidente del Consejo de Defensa del Estado; Ezio Costa Cordella, director de la ONG FIMA; Rosa Gómez González, profesora de Derecho Administrativo Universidad de los Andes; y Patricio Leyton Florez, abogado socio del Área de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estudio FerradaNehme.
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