La Cámara de Diputadas y Diputados chilena despachó al Senado el proyecto de ley que regula los usos de los sistemas de inteligencia artificial (IA) en el país.
La iniciativa busca promover la creación, desarrollo, innovación e implementación de estas tecnologías, estableciendo un marco normativo que garantice un desarrollo sostenible y ético de estas tecnologías al servicio de las personas, en coherencia con los principios democráticos y el Estado de derecho.
A diferencia de otros países que han optado por marcos no vinculantes o fragmentados, el proyecto chileno establece una regulación clara, integral y exigible, que combina la protección de derechos con el fomento a la innovación.
“Esta ley no busca controlar el futuro, sino preparar al país para habitarlo con dignidad y oportunidades. Es una ley que cuida a las personas y habilita el desarrollo; que fortalece confianzas y multiplica posibilidades”, dijo el ministro de Ciencia, Aldo Valle.
Uno de sus principales rasgos es que no regula la tecnología en sí misma, sino los usos de los sistemas de IA, aplicando un enfoque de riesgo proporcional. Esto permite adaptar las exigencias según el impacto potencial en la ciudadanía, concentrando la fiscalización en los ámbitos donde puedan verse afectados la salud, la seguridad o los derechos fundamentales.
“La pregunta no es si Chile tendrá inteligencia artificial, sino con qué reglas la tendremos. Y este proyecto ofrece tres certezas: derechos protegidos, innovación habilitada y confianza pública”, subrayó el secretario de Estado.
Uso responsable
Con el fin de avanzar hacia una regulación más completa, el gobierno del Presidente Boric unió el proyecto de ley con una propuesta parlamentaria y la ingresó al Congreso el 7 de mayo de 2024.
La iniciativa incluyó el trabajo del Comité de Expertos en IA, mesas de diálogo con la industria, la academia y la sociedad civil, así como los principios de organismos internacionales como la Unesco y la OCDE. Lo anterior, para establecer reglas claras para quienes desarrollan, implementan o comercializan sistemas de IA, entregando certezas a la industria, fomentando el emprendimiento y promoviendo un uso ético, transparente y responsable de estas tecnologías.
En agosto de 2025, el Ejecutivo presentó indicaciones para perfeccionar su aplicación sin alterar sus principios. Entre ellas destacan la inclusión del rol del Estado en la promoción de infraestructura habilitante —en línea con el Plan Nacional de Data Centers—, el fortalecimiento de la innovación segura, y la creación de programas de alfabetización ciudadana sobre IA.
La propuesta forma parte del esfuerzo del Estado por impulsar un desarrollo tecnológico responsable, donde la innovación y la protección de derechos fundamentales avancen de manera equilibrada, garantizando que la inteligencia artificial se ponga efectivamente al servicio del bienestar y del desarrollo del país.
El ministro Valle destacó que “la inteligencia artificial solo tiene sentido en la medida en que amplía derechos, mejora la calidad de vida y fortalece la democracia”. Y Chile, más allá del cambio de administraciones, ha decidido poner la tecnología al servicio de la dignidad humana y del bien común”.
Una vez aprobada, esta ley situará a Chile a la vanguardia regional en gobernanza tecnológica, promoviendo un desarrollo científico e innovador basado en la confianza, la transparencia y el respeto a los derechos de las personas.
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