Comunidades mapuche pewenche de Alto Biobío, junto a organizaciones sociales y ambientales, llegaron este miércoles 23 de abril a la capital del país para exigir la paralización del proyecto hidroeléctrico Rucalhue, a través de diversas gestiones: la entrega de cartas dirigidas al presidente de la República, Gabriel Boric, y autoridades ministeriales en La Moneda. También se presentó esta carta al embajador de China en Chile, Niu Qingbao, junto a la presentación de un Recurso de Invalidación en contra de CONAF.
Las comunidades denuncian que la Central Rucalhue, de propiedad de la empresa China International Water and Electric Corporation, vulnera tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo firmado en 2004 por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tendiente a asegurar la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Biobío.
“Estas acciones nacen desde el corazón del territorio, en conversaciones con autoridades espirituales del pueblo mapuche pewenche. Hoy buscamos proyectar nuestra lucha más allá de nuestro territorio, el Biobío y su gente no puede seguir siendo violentado”, expresó Evaluna, vocera de la organización Malen Leubü, subrayando la necesidad de contar con el apoyo de la sociedad nacional en general.
“Creemos que es urgente que el Estado chino entienda y respete los derechos humanos en Chile. Nuestra idea es visibilizar esta lucha en Santiago, que ha sido sistemáticamente silenciada por los medios nacionales”, agregó Álvaro, representante de la organización Kayakimün, enfatizando la importancia de hacer sentir el descontento en la capital y de convocar a más organizaciones y comunidades a solidarizar con esta lucha.
Recurso contra CONAF
Los dirigentes también ingresaron un Recurso de Invalidación en contra de la resolución emitida por CONAF, que aprobó los planes de manejo en las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, posibilitando con ello la tala de especies nativas protegidas: naranjillo y guindo santo.
“Esta acción, busca anular la resolución de CONAF que no cumple con los requisitos legales establecidos y no fue precedida por una consulta indígena previa, libre e informada, tal como exige la normativa vigente” puntualizó Francisco Astorga, abogado de la ONG Defensa Ambiental.
En caso de que CONAF insista en mantener su decisión, las comunidades afirman que recurrirán a todas las instancias disponibles, incluyendo el Tribunal Ambiental, la Corte Suprema, e incluso mecanismos internacionales de defensa de derechos humanos y ambientales.
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