No está nada de plácido el sector de la leche en Chile.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLC) declaró el 31 de enero (número rol: C-527-2025) admisible una demanda contra Prolesur, empresa controlada por Soprole Inversiones, perteneciente al grupo peruano Gloria, por abuso de posición dominante, manipulación en la determinación del precio de la leche y el grave perjuicio causado a los productores nacionales.
En un comunicado de Chilterra, se indica que dicha acción judicial, presentada por Chilterra S.A., destapa un sistema de explotación económica que obligaba a vender la producción a Prolesur bajo condiciones impuestas de manera unilateral y sin transparencia en la determinación de precios.
«Prolesur ha abusado de su posición de dominio en la compra de leche fresca, imponiendo precios injustificados mediante criterios arbitrarios y no verificables. Esta conducta ha afectado la sostenibilidad de la cadena productiva en la etapa de producción de leche fresca”, asegura Ricardo Ríos, gerente de Chilterra, entidad demandante.
El ejecutivo agrega en su comunicado que “durante años hemos visto cómo Prolesur ha utilizado su poder de mercado para fijar discrecionalmente el precio base de la leche fresca y sus valorizaciones, sin permitir una negociación justa ni transparente en los criterios utilizados”, sentencia Ríos.
“Con esta demanda buscamos que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLC) sancione estas prácticas abusivas y ponga fin a la extracción de renta que ha afectado y debilitado a la producción lechera de Chilterra. No pedimos que se regulen precios, sino que se garantice un mercado más transparente y justo”, esgrimió Ríos.
La demanda revela cómo la filial de Soprole Inversiones SA., Prolesur, se convirtió en el único comprador viable de leche en la Región de Los Ríos debido a un modelo productivo diseñado para generar dependencia monopsónica con los productores a los cuales se impuso su modelo de producción en base a pradera o estacional.
Bajo este sistema, Prolesur estableció condiciones que llevaron a una concentración de la oferta en ciertos meses del año, creando un volumen de producción que ninguna otra planta procesadora estaba dispuesta o en condiciones de absorber.
Este esquema dejó a Chilterra sin la posibilidad de negociar con otros compradores generando el contexto propicio para que Prolesur abusara de su posición dominante, usando criterios no observables ni verificables para determinar el precio base de la leche, generando una dependencia total de Prolesur y permitiendo a la empresa establecer unilateralmente los precios.
La cuestionada transnacional -según la demanda- determinó el precio de la leche utilizando criterios opacos y no verificables, sin una justificación económica clara, estableciendo unilateralmente cuánto pagar.
El resultado de esta estrategia ha sido devastador para los productores. Según Camilo Guzmán, Presidente de Agricultores Unidos, “más del 90% de la producción lechera estacional fue absorbida por Prolesur, que impuso sus condiciones sin margen para la negociación”.
Estos mecanismos llevaron a la asfixia financiera a muchos productores, forzándolos a salir del mercado.
QUIEBRA DE CHILTERRA
En julio del 2022 el Diario Financiero en Chile publicó que la empresa, calificada como uno de los principales productores lecheros a nivel nacional, entraba en reorganización judicial a fin de evitar la quiebra, detallando que mantenía deudas con los bancos Rabobank, Scotiabank e Itaú, además de Prolesur.
Un medio local chileno escribió, también en 2022, que el grupo Chilterra pertenecía a Ricardo Ríos «en una sociedad compuesta con Agrícola Dos Ríos, esta última propietaria del ganado, maquinaria, equipos y responsable además de la fuerza laboral de los fundos».
Según indica textual un reportaje de La Izquierda Diario: los principales acreedores son (eran) «los bancos Finance, Itaú, Vice y Scotiabank, además de Prolesur, una subsidiaria de Soprole enfocada en el abastecimiento y fabricación de lácteos.
Con una producción de 28 mil millones de leche al año, se consolidó como la tercera productora de leche más importante en volumen. No obstante la sequía del año 2015 implicó un cambio radical en su forma de producción.
Así tras la importación del modelo neozelandés, que se caracteriza por un alto rendimiento, Ríos buscó una forma de producir que no dependa de factores externos, lo que lo llevó a entrar en mayores inversiones y deudas.
Decisión que llevó a un cambio paulatino en su modelo productivo desde el año 2016, pasando desde un sistema de alimentación basado en un 100% en pradera a un sistema mixto de concentrados y pradera.
Hecho que no trajo buenos réditos, esto principalmente por el costo de mantención del ganado (el cual implicó incluso la compra de nuevas razas de vacas) y con caídas en la producción de un 35%, bajando de los 28 millones de litros del 2018 a solo 18 millones en la actualidad y dejando de percibir 4400 millones de pesos por año.
Y no fue sino hasta el mes de julio del año 2022 que la empresa recurrió a tribunales con el fin de iniciar dos procesos de reorganización judicial tras la deuda acumulada en estos años».
En 2023 el grupo volvió a hacer ruido en prensa local.
Grupo DiarioSur resaltó en una nota de Varios meses sin recibir la cancelación correspondiente a sus finiquitos de trabajo, tras su desvinculación de la empresa agrícola Chilterra, denuncian decenas de extrabajadores de dicha firma de capitales neozelandeses.
La situación afecta a más de una treintena de personas. A continuación una cita textual del diairo on line:
Desde el momento que comienzan a ejecutarse las desvinculaciones, en noviembre del 2022, se realizan los trámites necesarios para pactar los pagos de los finiquitos de los trabajadores y trabajadoras.
Juan Sanhueza, de San José de la Mariquina, quien cumplía labores de mantención dentro de los predios de la empresa y fue despedido junto a otros 12 trabajadores, pactó su finiquito ante la oficina de Inspección del Trabajo en cinco cuotas.
“Yo tenía tres años de antigüedad y el finiquito me lo pactaron para pagar en cinco cuotas, y el día que fuimos a firmar me dieron un cheque y después me pagaron otra cuota, y hasta el día de hoy no me volvieron a pagar”, asegura, indicando que la empresa aún le adeuda alrededor de tres millones de pesos.
Similar situación denuncia Rubén Ñonquepán, domiciliado también en San José de la Mariquina, quién cumplía funciones como nochero, siendo despedido en noviembre del 2022.
Hay quienes quedaron en una posición aún más desfavorable, como comenta Gustavo Novoa, quién vive en Los Lagos y que trabajó para la empresa por seis años como administrador de un predio en Huite, desvinculado en abril de este año.
“Creo que han sido como 80 personas que han despedido, pero a ninguno le han pagado nada, algunos quedaron con un acuerdo en cuotas de las cuales les pagaron una cuota y no les llegó nada más de su finiquito y a nosotros, por ejemplo, ni siquiera se han presentado en notaría para firmar el finiquito”, afirma.
“Hicimos demanda en la Inspección del Trabajo, a la cual se hicieron unas citas y no se presentaron tampoco”, expresa, detallando además otras irregularidades en las que la empresa incurrió
«En mi caso no tenía cotizaciones pagadas, yo tenía un préstamo en Caja Los Andes los cuales, por ejemplo, ellos me descontaron por planilla mes a mes ese préstamo, pero ellos no lo pagaron a la Caja, entonces ahí me dejaron endeudado por todos lados”, reclama.
Y agrega: “Al no tener las cotizaciones pagadas no teníamos derecho tampoco a Seguro de Cesantía, o sea, quedamos a brazos cruzados”.
CHILTERRA CON TODO CONTRA SOPROLE Y GRUPO GLORIA
El historial de Soprole Inversiones y el Grupo Gloria Soprole Inversiones y Prolesur han estado en la mira de las
autoridades chilenas por prácticas anticompetitivas desde hace décadas, dice el comunicado de la misma Chilterra.
En éste, lista una serie de casos y de noticias globales para demostrar que esta firma sería «funesta».
– 2004: El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictó la Sentencia N°7/2004, que prohibió y dispuso una serie de medidas para corregir prácticas abusivas en la fijación de precios y en la relación con los productores.
– 2018: La Fiscalía Nacional Económica (FNE) concluyó una investigación donde resaltó la posición dominante de Prolesur y la industria láctea mayor (excluido Colún) y los riesgos anticompetitivos de esa posición dominante se pueden desprender.
– 2020: Para evitar sanciones mayores, Soprole y Prolesur pagaron 600 UTA cada una en un acuerdo extrajudicial, comprometiéndose a cambiar sus prácticas.
«La historia negra del Grupo Gloria, actual dueño de Soprole, no se limita a Chile. En otros países, ha estado involucrado en fraudes, corrupción y manipulación de alimentos» dice el comunicado.
Y las lista a continuación:
– Colombia: Denunciado por adulterar leche con lactosuero, vendiendo productos alterados sin informar a los consumidores.
Leche Gloria, acusadas de adulterar sus productos, tendrá que responder ante la Fiscalía – Infobae/
– Perú: Vinculado al financiamiento irregular de campañas políticas, incluyendo donaciones secretas a Keiko Fujimori.
Presidente de Grupo Gloria también admite aportes a campaña de Keiko Fujimori
– Panamá Papers: Investigaciones revelaron que usaron paraísos fiscales para evadir impuestos en Perú y otros países.
Revelan los grupos de Perú con empresas offshore