El greenwashing es una práctica que consiste en presentar una imagen falsa o engañosa de responsabilidad ambiental o social por parte de una empresa, producto o servicio. Esta estrategia busca aprovechar el creciente interés de los consumidores por el cuidado del medio ambiente y lo social, sin asumir realmente un compromiso con la sostenibilidad. El greenwashing no sólo perjudica a los consumidores, que son inducidos a error, sino también al planeta, que sigue sufriendo las consecuencias de la contaminación y el cambio climático.
En este contexto, Pacto Global Chile, organizó su Encuentro de Anticorrupción, titulado “Compromiso con la transparencia: desafiando el greenwashing”. Al respecto, Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, explicó que “el greenwashing no sólo es una práctica poco ética y socialmente irresponsable, sino también, una estrategia empresarial poco rentable y sostenible a largo plazo. Las empresas que quieran ser verdaderamente verdes deben actuar con transparencia, coherencia y compromiso con el medioambiente, y comunicar sus acciones de forma honesta y verificable. Ahora bien, debemos ser capaces como sociedad de legislar con el objetivo que las empresas sigan comprometidas con la sostenibilidad y colaborar entre todos los actores involucrados a redactar una ley que fomente una economía verde y circular, que beneficie tanto a los consumidores como al medioambiente y avanzar hacia las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
La conversación abordó las distintas aristas presentes en los desafíos que acompañan al greenwashing desde el punto de vista comercial, legislativo y social. Algunos de los puntos que fueron profundizados por las panelistas fueron el proyecto de ley para prevenir y sancionar el lavado verde de imagen o greenwashing en Chile.
“La propia ley establece un régimen jurídico con una mayor amplitud y se establece la necesidad que todas las certificaciones se hagan a través de reglamentos. Yo creo que ahí hay una oportunidad donde tanto los reguladores como también los gremios podemos aprovechar para que ese reglamento sea desarrollado de forma conjunta para poder trabajar todo este tipo de detalles que son difíciles de entender sobre todo para los consumidores para que tomen decisiones informados” indicó Víctor Barrera, jefe de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).
Es sabido que el greenwashing es una práctica que atenta contra la confianza de los consumidores, los inversionistas y la sociedad en general, y que puede tener consecuencias legales y reputacionales para las empresas que la realizan. Por ello, es fundamental que las organizaciones se comprometan con la transparencia y la veracidad de la información que comunican, y que adopten medidas para prevenir y combatir el greenwashing.
Tamara Ortega, directora ejecutiva de Fundación Basura comentó que desarrollaron una herramienta denominada “Alerta Greenwashing” que busca identificar las malas prácticas y orientar a las empresas involucradas; “no queremos funar a las empresas sino más bien visibilizar esta temática, contactarnos con la empresa y le hacemos saber de la situación y los asesoramos para que no lo sigan haciendo”.
Asimismo, se destacó la importancia de contar con marcos regulatorios e indicadores que permitan medir y evaluar el desempeño ambiental de las empresas y las instituciones, así como de fomentar la participación y el control social por parte de los grupos de interés. De esta forma, se podrá avanzar hacia una cultura de integridad y responsabilidad que contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Manuel José Barros, socio de Carey y miembro de la red Chapter Zero indicó que; “hay que ser cuidadoso en cómo se regula el greenwashing porque si se regula de tal manera que hace que los empresarios o que los productores se inhiban de entregar información para no tener el riesgo de cometer la conducta que está sancionada, eso podría generar el perjuicio al mercado de que los productores no entreguen información y por lo tanto los consumidores no puedan tomar decisiones adecuadas. La sociedad civil tiene un rol de generar estándares que sean comparables y medibles, además es importante que las empresas participen de la discusión del greenwashing”.
Por su parte Jorge Canals, abogado, ex subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, señaló que “en materia ambientales están las leyes, pero sabemos que la operación ejecutiva de la ley se basa en el reglamento, el estado necesita adecuarse, modernizarse y reformarse para hacerse cargo de este desafío porque si tu me preguntas hoy día de una reglamentación vinculada al greenwashing o certificaciones eso se va a demorar mucho. Me parece que hay que abrir espacios no solamente de colaboración sino también, como pensamos en tener un Estado acorde a las exigencias de fiscalización y como construir instancias transparentes públicas y privadas para que la legislación se perfeccione”.
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