Pese al malestar generalizado en el desempeño de las empresas eléctricas durante la emergencia climática, que expuso a miles de chilenos a estar sin luz por días, seis de cada diez chilenos desconfía de la capacidad del Estado para administrar este servicio esencial, de acuerdo con un estudio digital realizado por Consultores INC-Raíz que analizó más de 71.886 conversaciones en X y medios online entre el 30 de julio y el 30 de agosto de 2024.
De esta manera, mientras el 67% de los chilenos rechazan la estatización de estos servicios, un 19% se inclina por ella y solo un 14% cree que se debe conformar un sistema mixto público-privado.
Según las conversaciones en línea, como principal argumento de la postura del 67%, llama la atención la baja confianza que genera el Estado como alternativa a la administración de las empresas eléctricas, con un 52% que crítica la poca empatía del Gobierno y sus autoridades al dejar toda la responsabilidad al sector privado, y un 31%, que cuestiona su actitud pasiva, que sin prestar ayuda de equipos humanos expuso el bienestar de la población.
“En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, el Estado enfrenta una de las evaluaciones reputacionales más bajas, lo que profundiza la vulnerabilidad ante las expectativas ciudadanas. En el sector eléctrico, que provee un servicio esencial, esta desconfianza se agrava. Las empresas tienen una responsabilidad crucial: deben asegurar la continuidad operacional y, al mismo tiempo, generar valor en las comunidades donde operan”, explica Diego Fuentes, co founder de INC Consultores.
Sin embargo, agrega, “no debemos caer en el error de pensar que una estatización es la solución, ya que el propio Estado ha demostrado deficiencias graves en sectores como salud y vivienda. Las empresas privadas, por su parte, deben gestionar eficazmente sus intangibles, lideradas por referentes corporativos capaces de recuperar la confianza y fortalecer su licencia social para operar”.
Para Claudio Muñoz, director de empresa, “este no es un juego de suma cero. La ciudadanía exige la colaboración ante una necesidad tan básica y debemos colocar todos nuestros esfuerzos tanto privados como públicos a la consecución de un fin, que es garantizar el acceso de la población a los servicios básicos y entregar respuestas adecuadas en tiempos concretos. También es una alerta al diálogo permanente para acercar posiciones con una mirada multidisciplinarias que fortalezca la confianza de la organización y su sostenibilidad en el largo plazo”, afirma Muñoz.
Otros comentarios del entorno digital apuntan en un 17% a que la existencia de una empresa privada garantiza al menos la posibilidad de compensaciones económicas a los clientes afectados; junto con la falta de experiencia técnica del sector público en materia de servicios básicos como el energético y la falta de capital financiero para el desarrollo de nuevas tecnologías.
Estatización de los servicios
Las conversaciones en línea con la creación de una empresa o de un sistema estatal; apoyan esta postura principalmente (44%) con argumentos que se centran en que es rol del Estado no solo fiscalizar el servicio que se entrega, sino que asegurar que éste sea de calidad y que aporte al desarrollo del país, y que esto se lograría con su capacidad de control del sector mediante su administración (21%) y de toma de decisiones que consideren la electricidad como un recurso básico para la calidad de vida de los chilenos.
La palabra monopolio destaca entre los argumentos para terminar con el sistema privado (15%), principalmente porque la falta de competencia no incentivaría el desarrollo de elementos como el soterramiento de cables o el retiro de basura aérea y cables en desuso. Este monopolio, según la escucha digital, sería el que permitiría a las empresas eléctricas dejar de lado avances para mejorar el servicio al tener aseguradas las utilidades con licitaciones de procesos largos y complejos que les asegurarían este estado.
Como último argumento, un 20% de los chilenos cree que una empresa estatal permitirá una mayor adjudicación de responsables ante las fallas recientemente ocurridas, con la renuncia de funcionarios públicos con un mejor marco normativo para el funcionamiento del sector.
Sistema mixto de colaboración
Como otra postura, un 14% se abre la discusión de un entorno colaborativo público – privado para el sector eléctrico; el cual permitiría a dar continuidad operacional al servicio ante eventos inesperados como los recientemente ocurridos.
Los argumentos apuntan en su mayoría (64%) a que el Estado debe ser parte de los directorios de las empresas eléctricas –en especial de los capitales extranjeros para aumentar el control y fiscalización-, o que tengan un porcentaje de acciones para asegurar su buen funcionamiento.
Otra tendencia discursiva (36%) se centra en que el Estado debiese apoyar al sector con la creación de un plan de respaldo, que tenga una infraestructura y equipos técnicos con protocolos de apoyo en casos de emergencia que permita reaccionar en menos tiempo y de esta manera un reabastecimiento más oportuno del servicio.
El estudio realizado por Consultores INC-Raíz, que analizó más de 71.886 conversaciones en X y noticias digitales entre el 30 de julio y el 31 de agosto de 2024, utilizó las herramientas Brandwatch y Crimson Hexagon, softwares especialmente diseñados para analizar y reportar grandes volúmenes de datos (Big Data).
Consultores INC-Raiz acaban de firmar una alianza para transformarse en la principal consultora de gestión profesional de reputación regional, con el objetivo de aprovechar el know-how, las experiencias, el networking y las capacidades profesionales de ambas firmas para acompañar a las empresas mediante indicadores de control, previniendo escenarios de crisis y potenciando sus activos.
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