El alza reciente de las tarifas eléctricas pone en evidencia el conflicto permanente que existe entre los incentivos de corto y de largo plazo a la hora de diseñar políticas públicas.
Recordemos que estas alzas en el precio de la luz se deben al congelamiento implementado desde el año 2019, primero a causa del estallido social y posteriormente por la pandemia.
Luego de casi 5 años, la deuda acumulada con las empresas generadoras es de más de 6.000 millones de dólares y los subsidios que se proponen para mitigar su alza tendrán una efectividad muy limitada.
Esta situación comparte una misma característica con los retiros del 10% desde los fondos previsionales, el congelamiento de los precios del transporte público, entre otros ejemplos. Esta característica es la que en economía se conoce como inconsistencia temporal.
¿A qué se debe que los elementos cortoplacistas se impongan recurrentemente a la responsabilidad de largo plazo? Veamos.
Los incentivos políticos son relativamente claros: (1) ganar elecciones y (2) promover una cierta visión o ideología política. Todo político está sujeto a elecciones y para ganarlas debe mostrar cierta coherencia ideológica conjugada con las demandas de su electorado.
Por supuesto, el primer incentivo (ganar elecciones) domina por sobre el segundo (la coherencia ideológica), pues ¿de qué sirve ser consistente el 100% del tiempo si no se ganan elecciones? Esto es algo que entienden todos los que se dedican a la política, y de allí, que una cuestión esencial en dicho oficio sea saber negociar y llegar a acuerdos. Por esto es que también observamos cambios de opinión y visión en los representantes.
Cambiar a lo largo de la vida cuando hay nueva información es natural, es básicamente lo que denominamos aprendizaje, no es algo cuestionable, sino que, por el contrario, esperable y deseable. No obstante, también vemos que, en ocasiones, sin mucha nueva evidencia o información, se cambia de opinión o postura.
Es más, a veces observamos que, para una misma situación, un político puede tener una opinión radicalmente diferente a la que tuvo en el pasado. En otras palabras, existirá aprendizaje genuino, pero también está la posibilidad de oportunismo electoral.
Poder distinguir ambas situaciones como electores es clave para emitir un voto que sea efectivo y eficiente.
En el caso de los cambios por aprendizaje, estos se pueden evaluar con claridad cuando una determinada fuerza política pasa de oposición a gobierno y viceversa. Si antes de ser gobierno, se criticaban ciertas decisiones, que luego se hacen propias estando en el poder, entonces eso indicaría que hubo aprendizaje.
Y el test de madurez de dicho aprendizaje viene cuando esa fuerza política vuelve a ser oposición. Si siendo nuevamente oposición, se apoyan decisiones similares a las tomadas cuando se era gobierno, entonces podemos decir que la evidencia sugiere que hubo un aprendizaje.
El actuar contrario nos entregaría la evidencia más hacia un oportunismo electoral circunstancial.
El aprendizaje y la madurez de la clase dirigente es fundamental para el bienestar de los países, pero no depende solamente de ellos.
También del aprendizaje y madurez del electorado. Es el electorado el principal encargado de hacer políticamente atractiva la responsabilidad pensando en el bienestar de largo plazo. Una respuesta simple es culpar al presidente, a diputados, senadores, alcaldes, gobernadores u otros representantes sobre decisiones que afectan adversamente el bienestar.
Eso puede ser así en autocracias o países con democracias que no funcionan adecuadamente.
Sin embargo, en Chile la democracia representa los intereses de las personas y también ha sido capaz de responder a situaciones complejas como lo fue el estallido social.
Notemos que los retiros del 10% eran populares entre los electores, el congelamiento de los precios del transporte público y de la electricidad también lo fueron. Sabemos que los retiros generaron un daño previsional importante, así como sabemos que las deudas deben pagarse, o bien, arriesgar un peor servicio en el futuro.
Estos ejemplos muestran que los políticos respondieron a sus electores, a pesar de que seguramente conocían el perjuicio de largo plazo que dichas políticas causarían.
Por lo tanto, la responsabilidad es compartida entre electores y representantes, teniendo una cuota importante de esta el sistema educacional.
Ciudadanos con mayor capacidad para recolectar información y procesarla de mejor manera votarían por candidatos que busquen balancear las necesidades de corto plazo con un mayor bienestar individual y social en el largo plazo.
En conclusión, la solución es más educación.
Jorge Rojas Vallejos, FEN UNAB
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