Stand.earth y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) piden hoy a los principales bancos internacionales que pongan fin al financiamiento de la extracción de petróleo y gas en la Amazonía, para proteger el 80% restante de la selva tropical más grande del mundo para 2025.
El llamamiento se hizo con el lanzamiento de un nuevo informe que pone de relieve el abismo entre las políticas medioambientales y sociales reivindicadas por los principales financistas y la destrucción que financian en la región.
El reporte llega en un momento en el que la Amazonía se acerca a un punto de no retorno, que amenaza la vida de los Pueblos Indígenas, la selva, su biodiversidad y de todo el planeta.
Justamente los líderes indígenas y el Relator Especial de la ONU sostienen que las leyes y procedimientos de consulta para el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en América Latina no incluyeron a los pueblos indígenas, por lo que estos no reconocen la producción de petróleo en la región como producido en cumplimiento de los principios de CLPI, como establecido por la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En Ecuador, Perú y Colombia, la industria petrolera ha causado numerosos problemas ambientales, incluyendo más de 8.200 pasivos ambientales, derrames de petróleo y la construcción de carreteras en la selva tropical.
El informe “El blanqueo ecológico en la Amazonía” revela que un promedio del 71% de la Amazonía no está protegido eficazmente por los marcos de gestión de riesgos ambientales y sociales de los cinco principales financistas de petróleo y gas amazónicos: Citibank, JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America. Esto significa que estos bancos dejan vulnerable la mayor parte del territorio amazónico, sin gestión de riesgos para el cambio climático, la biodiversidad, la cubierta forestal y los derechos de los Pueblos Indígenas.
HSBC, otro de los grandes financistas de petróleo y gas amazónicos, es el único del análisis que presentó un ejemplo positivo de política. En diciembre de 2022, el banco británico se comprometió a excluir el financiamiento de petróleo y gas en la Amazonía. Esta política ha dado buenos resultados hasta ahora: no se registran nuevas transacciones de HSBC en 2023 en la Base de Datos de los Bancos Operando en la Amazonía de Stand, que rastrea los bancos involucrados en transacciones de suscripción de préstamos y bonos para empresas con actividades de petróleo y gas en la Amazonía de Perú, Ecuador, Brasil y Colombia.
Este documento también detalla cómo los flujos ilimitados de capital hacia el sector de petróleo y gas están amenazando a los Pueblos Indígenas y sus territorios. El análisis muestra que, en Ecuador, los bloques de petróleo y gas se superponen al 65% (4,5 millones de hectáreas) de los Territorios Indígenas. Los datos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del país identifican más de 4.600 derrames de petróleo y contaminación entre 2006 y 2022, de los cuales más de 530 se produjeron en Territorios Indígenas, afectando gravemente a los Pueblos Indígenas.
“Desde que la explotación petrolera comenzó hace 60 años en la Amazonía ecuatoriana, se nos prometió progreso, salud, bienestar y educación, pero sobre todo, una vida digna.
Sin embargo, desde entonces hasta el día de hoy, los pueblos indígenas hemos sido víctimas de un sistema corrupto que perpetúa la violencia contra nosotros, nos arrebata territorio, recursos naturales, hermanos y hermanas, y deteriora nuestra calidad de vida”, afirmó José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), que representa a cerca de 1.500 comunidades pertenecientes a las nacionalidades amazónicas Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijos.
“Si los bancos realmente se preocupan por los derechos indígenas, deberían dejar de financiar actividades que nos están causando daño. Exigimos que bancos como Citibank, JPMorgan Chase, Santander y Bank of America dejen de financiar a PetroEcuador, Gunvor y Vitol”, agregó.
En Perú, las concesiones de petróleo y gas coinciden con el 33% (15,4 millones de hectáreas) de territorios indígenas.
La expansión de la industria en Perú en los últimos años incluye una ampliación multimillonaria de la refinería de Talara de Petroperú, que aumentará la presión para producir petróleo de la Amazonía peruana en selvas intactas, que son el hogar de los pueblos Achuar, Wampis, Kichwa, Quechua y Urarina. Además, el sector de petróleo y gas amenaza con destruir reservas de Perú cubiertas por selvas intactas y habitadas por algunos de los últimos Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). Casi el 20% de una superficie estimada de 7.460.000 hectáreas de reservas destinadas a la protección de los PIACI coincide con bloques petrolíferos y gasísticos.
“El Estado, los bancos y las empresas que explotan el petróleo y gas afirman que es en nombre del “progreso”, pero son cómplices de atentar contra la vida de los PIACI, nuestra Amazonía peruana que guarda más de 32.5 millones de bosques intactos y la biodiversidad que sustenta la vida de nuestros pueblos y del planeta. Exigimos que JPMorgan Chase, Citibank y Bank of America asuman la responsabilidad por el daño que están causando en la Amazonía peruana, que asuman como suyas las secuelas que estamos viviendo. Que sepan que de avanzar este código de silencio que es un código de extinción, los PIACI desaparecerán con sus territorios y sistemas de conocimiento. Y con ellos, desaparecerá también nuestra esperanza de salvar la Amazonía y el planeta”, dijo Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Más allá de la falta de cobertura geográfica, el estudio revela que el 72% de todas las transacciones de financiamiento de combustibles fósiles están estructuradas de forma que minimizan la identificación y priorización de los valores medioambientales y sociales en los marcos de gestión de riesgos de los bancos.
El resultado es que los procesos de diligencia debida pueden no identificar con precisión los riesgos para las personas y la naturaleza, lo que limita sustancialmente la aplicación de mecanismos como las exclusiones y los filtros, que están diseñados para ayudar a los bancos a tomar decisiones de financiamiento sobre transacciones y clientes, basadas en la posibilidad de impactos adversos.
El informe aconseja que los bancos adopten una exclusión geográfica que abarque todas las transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en la Amazonía.
Se trata de un planteamiento similar, pero más abarcador, a las exclusiones del Ártico adoptadas por algunos bancos en 2020 para proteger los valores medioambientales y sociales globalmente significativos de esa región. Se propone como la única solución viable para proteger el 80% restante de la Amazonía, para proteger la biodiversidad, mitigar el cambio climático y defender los derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, recomienda cómo los bancos pueden mejorar sus políticas en general yendo más allá de la gestión del riesgo reputacional y creando enfoques más prospectivos que valoren los verdaderos costes de los impactos adversos para las personas y la naturaleza, a medida que el mundo se enfrenta a la doble crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME
El informe revela que muchas transacciones financieras están estructuradas de forma que minimizan la identificación de valores medioambientales y sociales en los marcos de gestión de riesgos de los bancos. Se analizaron más de 560 transacciones relacionadas con actividades de petróleo y gas realizadas por unos 280 bancos en los últimos 20 años en la Amazonía utilizando la Base de Datos de los Bancos Operando en la Amazonía de Stand, para determinar si son comunes las estructuras de acuerdos que eluden las exclusiones y los filtros.
Los bancos norteamericanos Citibank y JPMorgan Chase son los principales financistas de petróleo y gas en la Amazonía, según la base de datos. El informe muestra que ambos bancos han destinado $2.320 millones y $2.250 millones de dólares, respectivamente, al financiamiento directo del sector de petróleo y gas en la región en los últimos 20 años.
La mayoría de los mecanismos de Citibank para la gestión de riesgos ambientales y sociales sólo se aplican al financiamiento relacionado con proyectos. Su exclusión geográfica abarca sólo el 2% de la Amazonía, mientras que los filtros cubren otro 44% de la región.
El informe muestra cómo las lagunas en las políticas y las estructuras de los acuerdos pueden debilitar la diligencia debida. Por ejemplo, a pesar de tener una política sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Citibank proporcionó un financiamiento estimado en $125 millones de dólares a Hunt Oil Perú, una empresa creada para el proyecto de gas de Camisea, que ha violado los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonia peruana.
La transacción fue un bono sindicado de propósito corporativo general, la estructura de transacción más común en la base de datos y el tipo de financiamiento que más limita la diligencia debida de los bancos.
El informe también muestra que, sólo en 2023, JPMorgan Chase proporcionó un estimado de $126 millones de dólares en nuevo financiamiento directo para la producción de petróleo y gas en la Amazonía colombiana para Ecopetrol y Gran Tierra. En el mismo año, el banco fue uno de los principales financiadores de Hunt Oil en Perú con un financiamiento directo adicional de $125 millones de dólares. Hunt Oil Perú es socio del Proyecto de Gas de Camisea, que ha impactado a PIACI en reservas que coinciden con bloques petroleros. En marzo de 2024, JPMorgan Chase se retiró de los Principios de Ecuador, que sirven de referencia y marco común para que las instituciones financieras identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos ambientales y sociales al financiar proyectos.
El siguiente mayor financista es Itaú Unibanco, de Brasil. La política de gestión de riesgo ambiental y social de Itaú Unibanco no tiene exclusiones ni filtros que se apliquen a las operaciones de petróleo y gas en la región. Un análisis de las transacciones recogidas en la base de datos de Stand revela que el 99% de las operaciones del banco relacionadas con el sector en la Amazonía en los últimos 20 años no cumplen los requisitos para que se apliquen los Principios de Ecuador, aunque estaban relacionadas con grandes productores de petróleo y gas, como Eneva, Frontera, Geopark, Petrobras, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Transportadora de Gas del Perú.
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El banco español Santander – el mayor financista europeo del petróleo y gas amazónicos y el cuarto a escala mundial – aportó casi $1.400 millones de dólares en financiamiento directo al sector entre 2009 y 2023. Santander tiene una de las políticas de exclusión más amplias, que cubre el 16% de la Amazonía con prohibiciones de financiamiento de petróleo y gas en sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sitios Ramsar y algunas áreas protegidas por la UICN. Aunque es mejor que la de otros bancos en este análisis, la política de Santander se queda corta en la práctica: el 85% de sus transacciones rastreadas directamente a la Amazonía son para bonos sindicados, que carecen de transparencia y reducen la responsabilidad del banco como contribuyente a los impactos adversos.
Bank of America, el mayor financista número uno de petróleo y gas en la Amazonia para 2023 según “Banking on Climate Chaos”, tiene una política de gestión de riesgo ambiental y social que no afecta a la mayoría de sus financiamientos en la Amazonía.
Según Stand Research Group, el 99% de las transacciones en las que Bank of America es prestamista son sindicadas y el 95% son para un uso amplio de los ingresos. Esto significa que estas operaciones no se habrían sometido necesariamente a un escrutinio reforzado.
Desde que Stand.earth lanzó la campaña Exit Amazon Oil and Gas, bancos como BNP Paribas, Natixis, ING y Credit Suisse se comprometieron a poner fin a su financiamiento del comercio de petróleo procedente de puertos de Ecuador y Perú, que abarca gran parte del comercio de crudo procedente de la Amazonía.
Además, BNP Paribas, Société Générale, Intesa Sanpaolo y Standard Chartered también se han comprometido a diversos tipos de exclusiones de financiamiento de petróleo y gas en la Amazonía.
Recientemente, HSBC y Barclays aplicaron por primera vez políticas integrales de exclusión geográfica que utilizan el concepto de Amazonía desarrollado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), tal y como recomienda Stand.earth.
Por todo ello, Stand.earth y la COICA instan a los bancos a:
1. No hacer más financiamientos o inversiones nuevas en petróleo y gas
2. Terminar los financiamientos e inversiones vigentes de petróleo y de gas
3. Finalizar el financiamiento de comercialización de petróleo y gas
4. Terminar el financiamiento corporativo para comercializadores de petróleo y gas
5. Ajustar las carteras de financiamiento para hacer frente a las crisis climática y de biodiversidad y apoyar el desarrollo sostenible para proteger el 80% de la Amazonia para 2025
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